La sostenibilidad ambiental requiere diálogo técnico, educación ciudadana y transparencia.
El fondo importa. La República Dominicana necesita, con urgencia, una política efectiva para resolver el problema de los residuos sólidos. Lo vemos todos los días: basura acumulada, desorden en nuestras comunidades, contaminación en ríos y cañadas, vertederos improvisados y un deterioro ambiental que afecta la salud y la calidad de vida de la gente.
En esto hemos coincidido todos desde que se aprobó la Ley de Residuos en el 2020: El país necesita actuar y moverse rápido. Sin embargo, cuando se trata de políticas públicas, la forma importa tanto como el fondo. Y cuando una reforma de esta magnitud se construye sin suficiente análisis técnico, sin diálogo oportuno y sin claridad sobre su impacto, el objetivo que todos compartimos corre el riesgo de diluirse.
Para esta generación de jóvenes empresarios, comprometida con el largo plazo, hablar de recaudación sin hablar primero de transparencia, educación ciudadana y resultados ambientales verificables es perder el norte. Al día de hoy desconocemos los parámetros técnicos y evaluaciones de proporcionalidad que se utilizaron para determinar la llamada “contribución especial para la gestión integral de residuos”.
Se impusieron topes y montos sin tomar en cuenta un factor vital reconocido por todas las economías del mundo: el volumen de residuos generados.
Además, dichos topes se establecieron sin considerar otros factores esenciales, especialmente por la naturaleza de nuestro país: la actividad de la empresa y su rentabilidad.
Y, sumado a todo lo anterior, los legisladores aprobaron de urgencia la modificación de esta ley en un momento particularmente crítico: a solo 14 días de haberse aprobado una reforma fiscal, generando un impacto dual de presiones fiscales y regulatorias sobre las empresas.
La acumulación de cargas regulatorias, sin agotar las formas ni socializar las evaluaciones realizadas, no solo es cuestionable: es un mensaje desalentador para una generación a la que le importa tanto el fondo como la forma de hacer políticas públicas.
Como hemos dicho antes, reconocemos el actual contexto internacional y las motivaciones que impulsan al Gobierno a realizar ajustes con fines recaudatorios. Sin embargo, el deterioro de la confianza institucional también genera pérdidas de oportunidad: menos emprendimientos, menos inversión y menos formalidad. Y ese no puede ser el resultado de una reforma que dice perseguir sostenibilidad.
